Los jueces y secretarios del Estado paralizaron ayer sus actividades y se congregaron frente a los juzgados españoles para acusar al Gobierno de intromisión en las competencias que sólo le corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Le acusan de haber considerado, públicamente, que el juez Rafael Tirado merecía una sanción mayor a la multa de 1500 euros por no haber ejecutado una sentencia firme de pederastia contra Santiago del Valle, presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

 Los secretarios, en cambio, se mostraron solidarios con Juana Gálvez, la secretaria judicial sevillana, a quien el Ministerio de Justicia ha suspendido durante dos años de empleo y sueldo por no advertir al juez Tirado de que la sentencia dictada contra Santiago del Valle no era firme.

 El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no ha visto con buenos ojos la parada de secretarios y jueces y advirtió que “si alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá. En el Estado de derecho, si hay una negligencia tan grave (como la de no ejecutar una sentencia firme en un caso claro de pederastia) funcionan los mecanismos y se sanciona”. Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriel Bravo, subrayó que esta institución es “independiente” y por lo tanto, no debe dejarse influir por nadie en ninguno de las casos a sentencia.

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